Exige, además, una investigación ‘independiente’ sobre sus excesos en las protestas sociales.
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La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió al Estado colombiano iniciar “investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad durante las recientes protestas sociales”.
Asimismo, ACNUDH instó al Estado a iniciar una “profunda transformación del Esmad”, incluyendo una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales.
Entre sus preocupaciones por el manejo que ha dado el Estado a la protesta social, esta oficina recomendó al Estado a restringir, en la mayor medida posible, y de acuerdo con las normas y estándares internacionales, el uso del Ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social.
Así mismo, y de acuerdo con la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la policía, recomienda transferir la supervisión de la policía al Ministerio del Interior.
Frente al tema, en diciembre del año pasado, el presidente Iván Duque salió en defensa del Esmad.
«Es que los policías de Colombia no se levantan a nada distinto que proteger a los colombianos, protegerles la vida, la honra, los bienes, los derechos, la libertad. A eso se levantan, son personas de carne y hueso, personas llenas de motivación, personas que dejaron al lado el camino de las vanidades para escoger el servicio a la comunidad», dijo el jefe de Estado.
Por esos mismos días, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que «se va a fortalecer el Esmad porque es fundamental para garantizar tanto el ejercicio de los derechos de los ciudadanos como para enfrentar el vandalismo y la criminalidad».
Respecto a los protocolos que rigen el funcionamiento de escuadrón, el Mindefensa sostuvo que son “serios, severos y completos”. Además, indicó que cuando un integrante del Esmad incurre en una conducta eventualmente violatoria de esas normas, le corresponde a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes.
Son muchos los cuestionamientos que en los últimos meses ha recibido el Esmad, especialmente tras la muerte de Dilan Cruz, quien falleció tras ser impactado por un proyectil lanzado por un miembro del Esmad. Este hecho causó gran indignación.
Proceso de paz
Igualmente, en sus conclusiones presentadas en la mañana de este miércoles, ACNUDH exhortó al Estado a seguir avanzando en la implementación simultánea e integral de todos los puntos del Acuerdo de Paz, especialmente con respecto a las disposiciones relativas al enfoque étnico y de género y a la participación de las víctimas, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
En otro apartado, pidió al Estado a acelerar la implementación de la Reforma Rural Integral contenida en el Acuerdo de Paz en coordinación con otros procesos e instrumentos de planificación, como el Plan de Reparación Colectiva y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito.
Entre otras recomendaciones, instó al Estado a incrementar los esfuerzos para establecer una mayor presencia de autoridades civiles del Estado en áreas rurales.
Y alentó a la Fiscalía General de la Nación a ampliar sus investigaciones sobre las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, especialmente en relación con la identificación y sanción de los autores intelectuales de estas agresiones.
En sus conclusiones recomendó incrementar el uso de las medidas colectivas de protección, destinando a la Unidad Nacional de Protección los recursos financieros suficientes y estableciendo criterios de corresponsabilidad entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales, con el fin de atender las causas estructurales generadoras de violencia.
Para lograr este objetivo, incluso podría requerirse el apoyo, con recursos económicos, de la comunidad internacional. Adicionalmente, las nuevas autoridades regionales deberían priorizar las medidas de protección colectiva en sus instrumentos de planeación, tales como los Planes de Desarrollo y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, asignando recursos suficientes para su completa implementación.
