El Inpec, en cabeza del brigadier general Norberto Mujica, y el Ministerio de Justicia, liderado por Margarita Cabello, comunicaron este lunes la declaratoria de emergencia carcelaria en Colombia “por temas de salud y orden público”.
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El anuncio llega dos días después de que se presentaran amotinamientos en diversos centros penitenciarios y un intento de fuga en la cárcel La Modelo de Bogotá, en el que murieron 23 reclusos y 82 sufrieron lesiones.
Asimismo, nueve integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec resultaron heridos. Uno de ellos permanece en estado crítico de salud al haber sido atacado con arma blanca en reiteradas ocasiones.
En el decreto, se argumenta que “el país y el sistema carcelario, en este momento, afrontan la coyuntura de afectación global por la pandemia del coronavirus COVID-19”, que desborda las capacidades del Estado y tiene un “potencial determinante de afectación” a grupos vulnerables de la población, como lo son los privados de la libertad.
El documento, además, menciona que funcionarios penitenciarios y auxiliares bachilleres que prestan sus servicios en los centros de reclusión también están en riesgo por la proliferación de esta enfermedad.
“Existen situaciones graves y sobrevinientes de salud (…) hacinamiento y falla en la prestación de servicios esenciales que afectan los derechos fundamentales y constitucionales de la población privada de la libertad”, reza la resolución 001144 del 22 de marzo.
