Tras dos meses y siete días en detención domiciliaria, el exsenador Álvaro Uribe Vélez quedó en libertad, luego de que la juez 30 de Control de Garantías, Clara Ximena Salcedo, le otorgara el beneficio que había sido solicitado por el abogado defensor, Jaime Granados, y que fue respaldado por la la Fiscalía y la Procuraduría.
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La juez tomó la decisión, tras considerar que falta compatibilidad entre la Ley 600, que rige los procesos en la Corte Suprema, y la Ley 906 para la justicia ordinaria, pues existen diferencias entre la indagatoria y la formulación de imputación de cargos.
Además, explicó la funcionaria judicial, «en la Ley 906 se exige una solicitud elevada por la Fiscalía ante un juez de garantías para una medida de aseguramiento, donde se hace previa evaluación de los argumentos que puedan presentar todas las partes».
Agregó que la formulación de imputación de cargos, el cual debe ser realizado por el ente investigador, brinda la posibilidad a la defensa del sindicado de tener acceso «claro y preciso» sobre los hechos que están siendo indagados por la Fiscalía, “sólo a partir del conocimiento de esos hechos puede darse una contradicción sobre lo que conoce la defensa del imputado”, sostuvo.
También, en cuanto a la etapa en la que debe seguir el proceso, la juez aclaró que la decisión no será adoptada en esta audiencia, ya que la finalidad de la misma era determinar si la detención domiciliaria que pesaba contra el ex presidente debía mantenerse.
Tras la libertad de Uribe, la defensa debe solicitar una nueva audiencia para definir el futuro del proceso judicial, para que la juez de garantías asignada tome una decisión.
En medio de la audiencia, la juez llamó la atención al fiscal del caso, Gabriel Jaimes, al considerar que la intervención realizada el jueves anterior y su cuestionamiento al proceso de la Corte Suprema de Justicia fue un «desatino», ya que no era objeto sobre la discusión de libertad de Uribe.
