La próxima semana la Fiscalía escuchará a algunos de los denunciantes de estos posibles casos de corrupción.
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Una comisión especial de la Fiscalía General avanza en la verificación de unas primeras 20 denuncias que fueron instauradas formalmente relacionadas con posibles hechos de corrupción en materia de contratación para atender la emergencia por la propagación del coronavirus en el país.
Estas labores están siendo coordinadas directamente por la vice fiscal general, Martha Mancera, quien trabaja de manera conjunta con fiscales especializados y agentes de policía judicial.
La próxima semana se tiene previsto que algunos de los denunciantes amplíen la información que tienen en relación con esos presuntos malos manejos de recursos públicos.
Entre estas denuncias se indaga el supuesto no traslado oportuno de recursos al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, de Santa Marta.
Por disposición de la Fiscalía el abogado Julián Quintana fue citado a ampliar su denuncia con el fin de que aporte los documentos y demás información en torno a estos hechos.
La denuncia del abogado Quintana fue realizada el pasado 4 de abril contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo; su secretario de Hacienda, Ernesto Narváez, y a su tesorero, Eder Ojeda, por la supuesta comisión en el delito de prevaricato por omisión agravado.
Según el jurista en este caso se dejaron de girar de manera oportuna recursos que ascienden a los cuatro mil millones de pesos.
“Son aproximadamente cuatro mil millones de pesos o un poco más, el tema es que solamente los giro a partir de las denuncias que interpusimos, es decir, si no denunciamos el señor Gobernador no gira los recursos y lo que me dicen algunas fuentes es que en las cuentas del hospital todavía no está el recurso”, dijo Quintana.
Estas investigaciones penales se desarrollan en el marco del programa de vigilancia y control denominado “Transparencia para la Emergencia”, que se adelanta de manera conjunta con la Procuraduría y la Contraloría General.
La indicación que tienen los fiscales está dirigida a no permitir que los recursos de los ciudadanos, necesarios en este momento para enfrentar la emergencia, terminen en los bolsillos de los corruptos.
El esquema de investigación de la Fiscalía está siendo ejecutado en todos los territorios del país y se ordenó priorizar en un comienzo los asuntos contractuales relacionados con salud, seguridad y convivencia, educación, servicios sociales y de atención de emergencias.